El estancamiento legislativo y la exigencia de transparencia: cuando la política le da la espalda a la sociedad.

El proceso de formación y sanción de las leyes no presenta un camino difícil de enderezar a la hora de crear una nueva ley local de acceso a la información pública. Si la Legislatura no desea redactar una norma propia, cuenta con la opción directa de adherir a la Ley Nacional N° 27.275. Sin embargo, no se puede sujetar la garantía de un acceso a la información pública —sea local o adherida a la norma nacional— a un desacuerdo entre legisladores, a la falta de entendimiento entre representantes de bloques o a las disputas de las fuerzas políticas.

La contradicción se vuelve más evidente cuando el reclamo traspasa a la propia interna parlamentaria: a pesar de que diputados oficialistas piden por una Ley de Acceso a la Información Pública, el proyecto permanece atrapado en la inacción de las comisiones: parecería que la labor parlamentaria no tiene punta en los lápices y, por lo tanto, el proyecto permanece atrapado en la inacción del recinto. Hoy la necesidad de contar con una ley que regule objetiva y suficientemente el acceso a la información no puede quedar cual moneda en el aire a la espera de cara o seca, o de si son "halcones" o son "palomas" en el ámbito de las alfombras legislativas. Simplemente porque afuera está la realidad de un pueblo que, en excesiva confianza, le ha dado la legitimidad de origen a esos legisladores que hoy encuentran sus ojos puestos en pactos espurios entre el sector privado extractivista y la administración de los intereses y destinos de la sociedad toda.

Ahora, suena chistoso que la “casa de las leyes” como le gusta decir a un diputado alto de la bancada oficialista , pueda sancionar en sesión delibery la ley provincial nro. 2836-M, el Proyecto Minero Vicuña, y no pueda sancionar una ley que otorgue certidumbre y seguridad jurídica a los actos legislativos, no?

Para recuperar la confianza pública en la política y en los organismos de control, San Juan necesita abandonar la maniobra de la dispersión legal y destrabar la parálisis generada por la falta de acuerdos políticos. Garantizar el libre acceso a los datos públicos no es una concesión del gobernante de turno, sino un pilar innegociable para sanear la institucionalidad, brindar igualdad de condiciones a los profesionales e inversores, y devolverle a la ciudadanía el control democrático sobre las decisiones del Estado.

Especial mención: el pedido de informes del geólogo Julián Maidana

En este escenario de indefinición marco, merece una especial mención el pedido de informes que presentó el geólogo Julián Maidana, un hecho que ofreció profundas rispideces funcionales y condujo a una posición confusa por parte de las autoridades de Minería de la provincia.

Esta presentación generó un fuerte impacto institucional al poner bajo la lupa al denominado "Clan Bastías–Perea" y destapar presuntas irregularidades en el catastro minero provincial:

*Sospechas de conflicto de intereses: El expediente expuso públicamente un presunto entramado de vínculos familiares y comerciales que salpicó de forma directa al ministro de Minería, Juan Pablo Perea. Se reveló que la consultora privada ERM Argentina S.A. había tomado vista de varios expedientes mineros propiedad de Maidana sin notificación previa, fijando domicilio legal en Av. Ignacio de la Roza 2560 oeste —dirección coincidente con el estudio jurídico "Bastías Yacante Abogados", integrado por la esposa y el cuñado del ministro Perea.

*Debate sobre recursos estratégicos: El caso reavivó el debate en los medios locales —impulsado inicialmente por investigaciones periodísticas de cooperativas como La Mecha— sobre la transparencia en la adjudicación y control de los recursos naturales.

La sociedad sanjuanina, históricamente ligada y sensible a la actividad minera como principal motor económico, reaccionó con preocupación ante la posibilidad de un acceso privilegiado a la información pública en beneficio de sectores privados vinculados al poder de turno.

La misma empresa ERM Argentina S.A., en su nota de presentación para tomar vista, menciona que se trata de un “Estudio de Titularidad de Propiedades Mineras de la provincia de San Juan durante enero y febrero de 2025”.

*Trabas periodísticas y asimetría profesional: La solicitud expuso las asimetrías que enfrentan los profesionales independientes frente a corporaciones con llegada al funcionariado. La falta de transparencia se agudizó cuando trabajadores de prensa intentaron consultar los expedientes 1100-000346-2026 y 1100-000407-2026 en la mesa de entradas del Ministerio, recibiendo una negativa tajante y sin fundamentación.

Postura oficial y silencio institucional

Frente a la gravedad de las imputaciones, la respuesta oficial del ministro Juan Pablo Perea fue el silencio: no realizó declaraciones públicas ni emitió aclaraciones puntuales sobre el presunto conflicto de intereses. Extraoficialmente trascendió que un pedido paralelo fue contestado por el integrante del Consejo Minero, Ing. Pablo Fernández. Sin embargo, el propio Maidana ratificó que, de las tres solicitudes formalizadas el 29 de junio de 2026, ninguna obtuvo respuesta en tiempo y forma por parte de la autoridad minera.

Este caso demuestra que, mientras el cuerpo legislativo mantenga cajoneada la discusión normativa por desavenencias y especulaciones políticas, la arbitrariedad y el secreto seguirán primando sobre el derecho a saber de la sociedad sanjuanina

Nota: La Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública en Argentina garantiza que toda persona pueda pedir, recibir y difundir datos, registros y documentos en poder del Estado sin necesidad de explicar el motivo. El trámite es gratuito y debe responderse en un plazo de 15 días hábiles.(prorrogable por otros 10 únicamente con justificación formal).

Ampliar esta norma e implementarla de manera urgente en San Juan no es un formalismo técnico, sino una necesidad institucional crítica por las siguientes razones:

Fin a la discrecionalidad y la parálisis administrativa: Un marco como el de la Ley 27.275 elimina el vaciamiento por silencio oficial. Si San Juan estuviera adherida, el ninguneo que sufrieron las tres solicitudes de Julián Maidana o la negativa injustificada a la prensa ante mesas de entrada constituyeran infracciones legales sancionables y apelables ante una autoridad de aplicación independiente.

Organismo garante autónomo: La ley nacional prevé la creación de órganos de control autónomos que resuelven los reclamos cuando el Estado niega o esconde datos. En San Juan, la falta de este mecanismo convierte al propio ministerio cuestionado en juez y parte de la información que decide ocultar.

Seguridad jurídica para la inversión y el desarrollo: En una provincia donde la minería representa el principal motor económico, la opacidad mina la competitividad y la confianza internacional. Una ley de acceso claro nivela la cancha entre los pequeños profesionales o exploradores locales y las corporaciones con influencias políticas directas.

Transparencia activa como obligación: La norma no solo regula las respuestas a solicitudes individuales, sino que exige al Estado publicar de forma proactiva licitaciones, contrataciones, declaraciones juradas, presupuestos y concesiones sin que la ciudadanía tenga que solicitarlo.

Sostener la inacción legislativa frente a estos estándares nacionales e internacionales expone a San Juan a un aislamiento institucional peligroso, donde el derecho a la información pública queda supeditado al arbitrio del poder de turno.

Este artículo se realizó en conjunto con Mario Andrada, Esp. Corrupción y Criminalidad económica, para garantizar la información relevante jurídica y sostener nuestro compromiso con la investigación periodística de valor.