Por la Redacción

La crisis en los Colegios Preuniversitarios dependientes de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) —la Escuela Industrial, la Escuela de Comercio y el Colegio Central Universitario— ha superado el marco de un conflicto salarial para convertirse en una profunda fractura social e institucional. De un lado, familias desesperadas por la pérdida sistemática de días de clase; del otro, una dirigencia gremial abroquelada en discursos ideológicos que descalifica a quienes exigen el cumplimiento de un derecho básico: estudiar.

1. La descalificación como respuesta: el sesgo de la dirigencia sindical

Lejos de abrir canales de diálogo, los referentes sindicales Jaime Barcelona (Secretario General de ADICUS) y Daniel Durán (Secretario General de APUNSJ) han optado por el ataque directo contra la comunidad educativa.

A través de intervenciones públicas y entrevistas difundidas en medios y redes sociales, los dirigentes apelaron a etiquetas agresivas para desacreditar el reclamo de las familias, calificándolas como un grupo "minoritario", "autoritario" y "medio fascista", insinuando incluso que el reclamo por la presencialidad responde a pretensiones partidarias o a la mera necesidad de usar los colegios como una "guardería".

Esta postura exhibe no solo una intransigencia política, sino el modo en que la propia dirigencia decide abordar la convivencia democrática: anteponiendo la confrontación ideológica por encima de los estudiantes.

Ver Reel 1: Manifestaciones de la dirigencia gremial sobre el reclamo de las familias

Ver Reel 2: La mirada sindical que menosprecia el reclamo educativo e impone el foco político

Ver Reel 3: La postura intransigente frente a la pérdida de días de clases de los alumnos

2. La respuesta de los padres: solidez, respeto y dignidad

Frente al intento de estigmatización, las familias de la Escuela Industrial, la Escuela de Comercio y el Colegio Central Universitario emitieron un comunicado oficial el pasado 2 de septiembre de 2026 para fijar postura con claridad: reclamar educación no es un acto fascista ni partidario, es un derecho y una obligación parental.

En un texto marcado por la mesura periodística y la firmeza civil, los Padres Autoconvocados expusieron que no es necesario responder a la descalificación con otra descalificación, enfatizando que "las palabras utilizadas son públicas y hablan por sí mismas".

"Nuestra preocupación no es partidaria, no responde a una posición ideológica ni pretende intervenir en las disputas políticas o sindicales... Nuestros hijos no son parte del conflicto laboral, político o sindical, son sujetos de derecho y no deberían convertirse en la variable de ajuste de ninguna de las partes".

Asimismo, las familias marcaron el absurdo de construir una falsa dicotomía que obligue a elegir entre "estar a favor de los docentes" o "estar a favor de los estudiantes", argumentando que es perfectamente posible reconocer la legitimidad de las demandas salariales sin por ello invisibilizar el derecho constitucional de los menores a educarse.

Ver cantidad de días de paro...

3. El eslabón más frágil: la brecha formativa y el costo económico

El impacto del cese de actividades afecta de manera desproporcionada al nivel secundario preuniversitario. A diferencia del estudiante universitario —poseedor de autonomía pedagógica para avanzar de forma autogestionada—, el adolescente requiere presencia diaria, contención y metodologías de aula sostenidas.

Las consecuencias de esta discontinuidad ya son tangibles:

Pérdida de hábitos de estudio: La interrupción del ciclo lectivo fragmenta las rutinas de aprendizaje y genera ansiedad en los alumnos de cara a su formación superior.

Brecha con el sector privado: Mientras los establecimientos privados provinciales garantizan entre 180 y 190 días de clases, las escuelas de la UNSJ acumulan meses de inactividad.

Privatización de hecho de la enseñanza: Al no dictarse las materias troncales (Matemática, Física, Química, Lengua), las familias deben recurrir al pago de profesores particulares para subsanar los baches conceptuales, transfiriendo el costo de la huelga directamente al bolsillo familiar.

4. Cuadro comparativo: La brecha de impacto institucional

Para dimensionar la disparidad del conflicto en las distintas esferas educativas:

La brecha entre el nivel universitario y el secundario preuniversitario durante un conflicto gremial no representa un matiz metodológico, sino una asimetría estructural que impacta de manera desproporcionada en los estudiantes adolescentes.

4.1. Autonomía académica vs. Sujeto de protección especial El estudiante universitario es un adulto dotado de autonomía pedagógica, capacitado para autogestionar el aprendizaje, recurrir a bibliografía complementaria o adaptar la cursada mediante herramientas virtuales. En contraste, los alumnos de los institutos preuniversitarios son menores de edad en proceso de formación integral que demandan la presencia diaria del docente, contención metodológica y rutinas sostenidas. Aplicar la misma dinámica de medidas de fuerza en ambos niveles ignora la condición de protección especial que ampara a los menores.

4.2. Asimilación de contenidos e irreversibilidad del daño En las facultades, la suspensión de clases suele mitigarse mediante la reorganización del calendario de parciales o la concentración de contenidos. En el nivel secundario, la pérdida repetitiva de días interrumpe el hábito de estudio y genera vacíos conceptuales irrecuperables en disciplinas troncales como Matemática, Química, Física y Lengua. El dictado discontinuo no se subsana con resúmenes de fin de año, lo que provoca desmotivación y fisura la trayectoria escolar necesaria para el ingreso universitario.

4.3. Representación de la comunidad y colisión de derechos A diferencia de los universitarios, que poseen agrupaciones y participación en el gobierno institucional, los estudiantes de secundaria no participan en las mesas de negociación paritaria. La irrupción de las familias organizadas busca asumir la tutela del derecho constitucional a aprender de sus hijos frente a la colisión de derechos. Cuando la dirigencia sindical estigmatiza a los padres o los trata como actores ajenos al debate, quiebra el ecosistema escolar y desconoce el derecho legítimo de las familias a exigir el cumplimiento del ciclo lectivo.

4.4. Inequidad del sistema y privatización de facto Mientras los colegios privados de la provincia mantienen calendarios de 180 a 190 días de clase, los establecimientos preuniversitarios acumulan meses de inactividad. Esta disparidad obliga a las familias a recurrir al dictado de clases particulares pagas para cubrir los baches del programa público, transfiriendo el costo económico de la parálisis gremial directamente al bolsillo de los padres y erosionando el principio de educación pública equitativa.

6. Devolverle la voz a la comunidad educativa real

La defensa de la educación pública no se construye cerrando las escuelas ni insultando a las familias que exigen clases. Requiere que las autoridades rectorales salgan del inmovilismo, que los gremios revisen métodos agotados y que los padres de los institutos preuniversitarios sean escuchados con el respeto institucional que merecen.

Como bien sintetizan los Padres Autoconvocados en su declaración: "Defender la educación también significa defender el derecho de nuestros hijos a recibirla". Sin clases, sencillamente, no hay futuro.

De la educación popular al aula vacía: el deber sagrado con el futuro

En la tierra natal del Gran Maestro de América, las palabras escritas por Domingo Faustino Sarmiento en De la educación popular (1849) retumban hoy con una vigencia casi dolorosa: «Hombre, pueblo, Nación, Estado, todo: todo está en los niños».

La verdadera reconstrucción del pacto educativo exige entender que los estudiantes no pueden ser la variable de ajuste ni el terreno de disputa de ninguna contienda gremial o política. Defender la educación pública no consiste en cerrar las puertas ni en estigmatizar a quienes exigen presencialidad; consiste en garantizar el derecho elemental e innegociable de cada adolescente a aprender y formarse. Como bien sintetiza la proclama de las familias autoconvocadas: «Sin clases no hay futuro».

Mientras el conflicto se dilata entre pasillos institucionales, aulas en silencio y agravios cruzados, la pregunta queda flotando en el aire de la provincia... y una no puede evitar el suspiro: si se levanta Sarmiento...