En Argentina, el derecho a solicitar un Pedido de Informes a nivel federal está garantizado y regulado por la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, una norma cuyo fin esencial es promover el control ciudadano y la transparencia en la gestión del Estado. Sin embargo, el ejercicio efectivo de este derecho choca frontalmente en San Juan con una muralla de respuestas evasivas, formalismos burocráticos y amenazas de archivo.

En esta segunda entrega de nuestra investigación —si aún no lo hiciste, puedes leer la primera parte del caso Maidana aquí— desnudamos cómo continúa este proceso judicial y administrativo que pone en jaque la opacidad institucional

El caso testigo encabezado por el geólogo Julián Maidana ante el Ministerio de Minería desnuda un engranaje donde las líneas entre lo público y lo privado se difuminan, dejando al descubierto un sistema que parece más ocupado en proteger privilegios corporativos que en garantizar transparencia y seguridad jurídica. Un entramado inquietante: expedientes masivamente revisados por consultoras privadas con vínculos directos con estudios jurídicos, padrones digitales plagados de errores y un Estado que opta por lavarse las manos en lugar de transparentar las cuentas.

Las preguntas más incisivas: ¿Quién audita el catastro minero?

A través de sucesivos Pedidos de Informes presentados a mediados de 2026 ante el Honorable Consejo Minero y la cartera de Minería, se interpeló a las máximas autoridades sobre puntos críticos que el sector prefiere mantener en silencio:

El misterio de la consultora ERM y el lobby privado: Se exigió explicaciones formales sobre la intervención de la firma internacional ERM Argentina S.A., la cual realizó una "Revisión y Vista" masiva de expedientes mineros durante enero y febrero de 2025 sin previo aviso ni notificación a los titulares.

La coincidencia de domicilios y nombres: El interrogante más vidrioso apunta a que el domicilio legal de la consultora coincide exactamente con la dirección del Estudio Jurídico Bastías-Yacante (Av. Ignacio de la Roza 2560 oeste, Rivadavia), propiedad de familiares directos, y cuyos abogados actuaron activamente revisando expedientes en los tribunales mineros antes de que recayeran resoluciones adversas contra los derechos de Maidana.

Padrones fantasma y superposiciones: Se cuestionó por qué el Padrón Minero Digital oficial arroja datos erróneos —como figurar 15 pertenencias fiscales para la mina Global cuando en los expedientes físicos constan solo tres— y cómo se otorgan Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) en proyectos bajo fuerte litigio o solicitudes simultáneas sin resolver (como La Coipita).

Las respuestas del Ministerio: Lavado de manos, excusas tecnológicas y advertencias

Frente a la presión formal, las respuestas oficiales firmadas por el Secretario Técnico, Ing. Pablo A. Fernández, y la Directora de Evaluación Ambiental Minera, Dra. Belén Hocevar, dejaron perlas argumentales de alto voltaje institucional:

1. El Estado que no se hace cargo de los privados

Ante el pedido de explicaciones sobre el uso comercial que terceros le dan a la información extraída de los expedientes públicos, la Secretaría Técnica respondió con desparpajo:

"Esta Secretaría Técnica carece de acceso, conocimiento, injerencia, control o recepción respecto de los informes, bases de datos (...) que dicha empresa pudiere elaborar (...) No existe disposición legal alguna que imponga a esta Autoridad Minera la obligación de controlar, fiscalizar, monitorear o auditar el uso que los particulares otorguen a la información obtenida".

2. La insólita excusa de los Discos Compactos (CD)

Para justificar las demoras en la evaluación de los Informes de Impacto Ambiental (IIA), la autoridad ambiental blanqueó una limitación tecnológica llamativa en plena era digital:

"A modo de ejemplo, en la era digital actual, el aporte de información en formatos obsoletos (como discos compactos - CD) dificulta el procesamiento debido a que el equipamiento moderno no cuenta con lectoras ópticas, lo que ocasiona demoras operativas involuntarias".

3. Intimidación y amenaza de archivo

Lejos de clarificar los puntos requeridos, la respuesta institucional escaló a la vía coactiva. Mediante un proveído oficial, se intentó poner freno a la fiscalización ciudadana:

Se intimó al recurrente a que en el plazo de cinco días "especifique lo peticionado (...) dejando de lado cualquier requerimiento subjetivo o interrogatorio personal carente de sustento normativo", bajo apercibimiento de desestimar y archivar las actuaciones.

La mira puesta en el eslabón ambiental

Mientras las áreas técnicas y legales del Ministerio atacan formalmente los pedidos de explicaciones, la gran incógnita del tablero político provincial recae sobre la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero, liderada por el Lic. Roberto Moreno.

A diferencia del cerrojo blindado por el Consejo Minero y la Secretaría Técnica, la actitud que adopte la cartera de Moreno frente a los puntos pendientes marcará si el área ambiental decide sumarse al blindaje corporativo o si opta por separarse de un entramado opaco que erosiona la credibilidad de la principal industria sanjuanina. Los pedidos de informes no exigen subsidios ni favores: solo reclaman que el Estado cumpla su propia ley. Y en materia de minería y transparencia, el silencio oficial ya dejó de ser una opción viable.

El antecedente de los sorteos: Cuando la ley obliga a sortear la superposición

El expediente también pone de relieve cómo se dirimen los conflictos de intereses y las superposiciones de solicitudes simultáneas de exploración minera ante la Escribanía de Minas.

Cuando las partes (particulares y empresas) no logran un acuerdo voluntario en las audiencias convocadas por el organismo, la normativa minera exige resolver el derecho mediante un sorteo público ante la Escribana de Minas. Antecedentes registrados en los expedientes demuestran que, tras las instancias de bolteo de papeles entre el propio Maidana y firmas como Aurora Mining S.A. (marzo de 2023) o Cardero Argentina S.A. (diciembre de 2024), el azar institucional terminó favoreciendo las pretensiones legales del geólogo.

GUÍA CIUDADANA: ¿Cómo funciona el control de la cosa pública y qué se está reclamando en este caso?

Cuando se habla de minería, expedientes y despachos oficiales, los términos técnicos suelen volverse un laberinto incomprensible. Sin embargo, detrás de cada trámite hay recursos públicos y transparencia institucional en juego.

1. ¿Cuál es el marco legal y qué derecho nos respalda?

Cualquier ciudadano cuenta con herramientas legales para exigir explicaciones al Estado:

A nivel nacional: La Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública garantiza el derecho de pedir y recibir respuestas claras de los organismos estatales.

A nivel provincial: El Código de Procedimientos Mineros de San Juan establece que los expedientes son de carácter público (artículo 6), asegurando la transparencia del catastro.

2. ¿Qué se está reclamando concretamente?

-Transparencia en el catastro: Saber si consultoras privadas fueron contratadas oficialmente para revisar expedientes de los ciudadanos sin previo aviso.

-Cuentas claras y padrones reales: Corregir inconsistencias técnicas entre la plataforma digital del Estado y la realidad física de las propiedades mineras.

-Imparcialidad administrativa: Despejar sospechas sobre cruces de intereses entre estudios jurídicos particulares y organismos de control.

3. ¿Cuál es la ruta administrativa y con qué trabas se choca?

Presentación formal: Se inicia mediante un Pedido de Informes por mesa de entradas.

Plazos legales: La normativa fija plazos para obtener respuestas fundadas.

El muro burocrático: Frecuentemente, las respuestas derivan culpas entre secretarías o intiman al ciudadano bajo apercibimiento de archivar el expediente por realizar preguntas incómodas. Agotar esta vía es el paso previo obligatorio antes de recurrir a la justicia.

4. ¿Por qué es importante que accedamos a la información pública?

Porque la opacidad es el terreno fértil de los privilegios. Exigir transparencia no es frenar la actividad minera; es el único camino indispensable para garantizar que los recursos de San Juan se gestionen con absoluta honestidad, defendiendo los intereses de la ciudadanía por encima de los negocios en la sombra.

Un expediente abierto y un silencio con fecha de vencimiento

Mientras la Secretaría Técnica y el Consejo Minero prefirieron el blindaje burocrático, todas las miradas se posan ahora en el despacho del Lic. Roberto Moreno. Trascendió que la Secretaría de Medio Ambiente ya se encuentra elaborando la respuesta al pedido de informes elevado por el geólogo Maidana.

¿Decidirá el área ambiental apartarse del entramado opaco y transparentar las inspecciones, o se sumará al cerrojo oficial?

Esta historia no se termina acá... Continuará. 🎬🔍